El 53% ve a Flávio más capaz en seguridad. La Policía Militar responde al gobernador.

La Constitución dice que las policías militares y civiles “están subordinadas […] a los gobernadores”^[2]. En 2025, eran 413 mil policías militares y 97 mil policías civiles, frente a 25 mil agentes de la PF y la PRF: más de 20 por cada agente federal^[6].

Los estados pagaron el 80% de la cuenta en 2025^[5]. Las penas y la edad de responsabilidad penal sí las decide el Congreso^[2]. Pero la policía que patrulla las calles e investiga homicidios responde al gobernador, sea quien sea el presidente^[2].

El plan de gobierno que Flávio registró en el TSE comienza con la seguridad^[7]. Son 12 propuestas; seis endurecen las penas o amplían el encarcelamiento, como la responsabilidad penal a los 16 años y prisiones “según el modelo adoptado por El Salvador”^[3].

Ninguna dice cuánto cuesta en reales ni cuánto debería bajar la delincuencia. La promesa de “como mínimo, duplicar las inversiones federales” no dice cuánto ni de dónde saldrían los fondos. El medio millón de plazas en prisiones llegaría “en colaboración con los gobiernos estatales”^[3].

Flávio propone reducir la edad de responsabilidad penal de 18 a 16 años^[3], idea que apoya el 79%, según Datafolha^[8]. Los adolescentes ya responden por sus actos a partir de los 12 años: por una infracción, reciben medidas que van de la advertencia al internamiento^[9].

En Estados Unidos, el grupo de trabajo de los CDC concluyó que transferir a jóvenes a la justicia de adultos “normalmente aumenta, en lugar de disminuir” la violencia entre ellos, y desaconseja estas leyes con ese fin^[10]. En Alemania, los jóvenes de 18 a 21 años pueden ser juzgados por la justicia juvenil^[11].

En 2019, Flávio votó por mantener el decreto del gobierno de su padre que facilitaba el acceso a las armas^[12]. En 2023, en el debate de un proyecto sobre armas del que es coautor, dijo: “En Estados Unidos, donde hay casi un arma por habitante, los índices de criminalidad son muy bajos”^[13].

Con datos de 2010, la tasa de homicidios de Estados Unidos era 7 veces la de otros países ricos de la OCDE; la de homicidios con armas de fuego, 25 veces^[14]. Según la estimación de investigadores del FBSP, sin el aumento de armas a partir de 2019, se habrían salvado 6.379 vidas en Brasil^[15].

“La certeza de ser atrapado es un factor disuasorio inmensamente más poderoso que el castigo”, resume el NIJ, organismo de investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos^[4]. Para el National Research Council, de Estados Unidos, el efecto disuasorio de alargar penas ya largas es “modesto, en el mejor de los casos”^[16].

Solo el 36% de los homicidios de 2023 en Brasil se había esclarecido a finales de 2024: poco más de 1 de cada 3^[17]. En el Senado, Flávio votó a favor de la Ley Antifacciones, aprobada por 64 a 0^[18]. Pero ninguna de sus 12 propuestas habla de investigar homicidios ni de peritajes^[3].

La PEC de Seguridad Pública, enviada por el gobierno de Lula, incorpora a la Constitución la cooperación entre el gobierno federal, los estados y los municipios, y espera su debate en el pleno del Senado^[19]. En la Cámara, fue aprobada por 487 votos a 15 en la primera votación^[20]. El 25 de octubre, la pregunta es qué propuesta ayuda a atrapar a quienes matan.